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Procuraduría investigará a cinco exservidores y un funcionario de la Agencia Nacional de Tierras por arrendamientos en Islas del Rosario

- Son cinco exfuncionarios quienes podrían estar implicados en irregularidades en su condición de subdirectores Administrativos y Financieros y un servidor público que actualmente está vinculado a la Agencia Nacional de Tierras​ en la suscripción de contratos desde 2019.

Luego de adelantar una indagación previa, la Procuraduría General de la Nación encontró méritos para iniciar investigación disciplinaria en contra de cinco exfuncionarios y un servidor público de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por presuntas irregularidades evidenciadas durante la suscripción y ejecución de contratos de arrendamientos de predios ubicados en el Archipiélago Islas del Rosario ubicado frente a las costas de Departamento de Bolívar.

Estas se relacionan con las presuntas faltas en la gestión de los supervisores ante el incumplimiento en los pagos pactados por parte de los arrendatarios, en las solemnidades establecidas en el acuerdo 041 de 2006,. También se evidenció ausencia de avalúos catastrales y que algunos contratos excedieron el límite de área permitido para el arriendo.


Luego de que Noticias UNO en noviembre del año pasado diera a conocer que la Agencia Nacional de Tierras anunciara la revisión de los 80 contratos de arriendo que se han otorgado sobre las Islas del Rosario y el 25% de los contratos otorgados, es decir 21, oscilan entre los 90 mil pesos y el millón de pesos, la Procuraduría investiga.

De esta manera, el ente de control ordenó abrir un proceso disciplinario en contra de los exfuncionarios Olga Yamile González, William Andrés Robledo Acosta, Nubia Pacheco Gómez, Alexander Rivera Sánchez y Campo Elías Vega Rocha por su condición de subdirectores Administrativos y Financieros para la época de los hechos. Asimismo, se realizará una investigación disciplinaria en contra de José Augusto Acosta Buitrago, servidor público vinculado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde el 2019, quien también podría estar implicado en posibles irregularidades.

Luego de las pruebas realizadas el ente de control encontró presuntas faltas en la gestión de los supervisores ante el incumplimiento en los pagos pactados por parte de los arrendatarios, exceder el límite de área permitido para el arriendo y la ausencia de avalúos catastrales en los contratos, entre otras inconsistencias.

La Procuraduría resaltó en el auto de apertura que, en atención al fenómeno de la caducidad, la investigación disciplinaria verificará la ocurrencia de hechos presuntamente irregulares, que puedan constituir falta a la ley disciplinaria a partir del 31 de diciembre de 2019, a pesar de que algunas pruebas indican la comisión de conductas constitutivas de falta con anterioridad a dicha vigencia.


Cabe resaltar que, la Procuraduría General de la Nación, tiene ‘en la mira’ los arrendamientos en las Islas del Rosario, teniendo en cuenta la afectación que podría generar a la preservación del equilibrio ecológico, la protección del patrimonio público y la garantía de los derechos de las comunidades, en especial, de grupos étnicos en la zona.

Arriendos de islas por menos de un millón de pesos


90.000 – Alexander René Claude y Raymond Jacob de Pazanan – Isla Coralina

240.600 – Marta Lucía Angulo Isaza – Isla Kalua

269.500 – Jorge Mattos Barrero – Isla El Peñón

301.200 – Sociedad Inversiones y Desarrollo Barranco S.A. .Miguel Barranco García – Isla Latifundio y Minifundio

318.900 -Alexander René Claude y Raymond Jacob de Pazanan – Isla Coralina

354.000 – Andrés Jorge Lisocki Fryde – Isla Fiesta

503.700 – María del Rosario Martínez Camacho -Isla María del Mar

503.800 -Hermanos Juan, Antonio, Maria y Luisa Uribe Hurtado – Isla La Reina Mora

571.200 – Laura Cucalón de Azuero – Isla Chía

603.100- Geoge Zaher Jaar – Isla Poligamia

639.800- Fernando y Juan Sebastián Arteta – Isla No Te Vendo

681.500 -Techo Rojo S.A.S. /Bernardo Ignacio Escallón – Isla Techo Rojo

721.800 – Vicente Noero Perna – Isla Los Sapos

726.100 – Alejandra Borrero SAA – La Isleta

768.400- Diego Espinosa Posada – Isla Punta Bella

800.000 – Alfonso Vargas Cuéllar – Isla Gloria

890.600 -William Marín Paternostro – Isla Quebracho 1

955.500 – Sebastián Vásquez Escolar – Isla María Galante

964.500 -Enrique Pacheco Sánchez /Sociedad VD Pacheco Angulo S. en C. – Isla Caleta o Gigi

965.200 – Hans Reynaldo Martínez Emiliani – Isla Totumo

984.800 – Carlos Dunoyer González – Isla Tambito


“Este Gobierno está documentando la situación y analizando las alternativas posibles para una mejor administración de los citados inmuebles, en el marco del Programa de Gobierno y el próximo Plan Nacional de Desarrollo”.

El reglamento establece que pueden firmar un contrato aquellas personas que hayan ejercido una ocupación sobre las islas. y se determina entre un 1 y un 3% del avalúo catastral. Los contratos se otorgan hasta por 8 años, se piden documentos básicos como el Registro Único Tributario pero se debe acreditar la ocupación.


“La ocupación tiene que ser probada y establecida de una manera plena, debe certificarse que era un ocupante anterior. El régimen es excepcional”, agregó el procurador delegado.







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