Última resolución de La Haya: Colombia prevalece en la disputa territorial con Nicaragua por San Andrés y Providencia
La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) emitió este jueves un fallo a favor de Colombia en la última de las demandas legales presentadas por Nicaragua en relación al espacio marítimo que rodea al archipiélago de San Andrés y Providencia, con una votación de 13 votos a favor y 4 en contra, la CIJ rechazó la petición de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, lo cual habría superpuesto los límites marítimos de Colombia.
La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, declaró que "la Corte concluye que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado", dejando claro que Nicaragua no tiene derecho a una plataforma extendida dentro de las 200 millas de la línea base de Colombia, ni en las millas náuticas de San Andrés y Providencia.
La soberanía sobre San Andrés y Providencia ha sido ratificada previamente por la CIJ en 2012, a pesar de que el archipiélago se encuentra a 110 kilómetros de la costa nicaragüense y a 720 kilómetros de la costa colombiana.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y sus predecesores celebraron el fallo, mientras que el representante de la delegación nicaragüense, Carlos Argüello, afirmó que respetan la resolución y destacó que Nicaragua es soberana en los 320 kilómetros de mar que se desprenden de su costa caribeña.
Estas son las claves para entender el conflicto:
1. ¿Qué buscaba Nicaragua?
Nicaragua presentó demandas en el pasado con el objetivo de despojar a Colombia del control del archipiélago de San Andrés y Providencia, y posteriormente, solicitó el control sobre las aguas que los rodean.
En 2012, la CIJ falló parcialmente a favor de Nicaragua en una demanda sobre la soberanía de las islas, ampliando su delimitación marítima y quitándole a Colombia la soberanía sobre 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Colombia rechazó el fallo y se retiró del Pacto de Bogotá, un acuerdo para resolver disputas territoriales de manera pacífica.
En el año 2022, se dio a conocer la resolución de la primera demanda, en la cual se exhortaba a Colombia a cesar sus operaciones patrulleras y controlar la pesca en la zona nicaragüense, la segunda demanda, que ahora ha sido fallada en favor de Colombia, no modifica el estado actual de la región caribeña.
2. ¿Por qué las islas están controladas por Colombia?
Históricamente, las islas de San Andrés y Providencia fueron adjudicadas a la Capitanía de Guatemala y posteriormente al Virreinato de la Nueva Granada, que en la actualidad corresponde a Colombia, esto fue formalizado mediante una Orden Real en 1803, con el objetivo de proteger las islas de la amenaza de los piratas.
En 1825, se firmó un tratado bilateral entre ambos países que estableció los límites definitivos en ese momento. Sin embargo, Nicaragua alega que firmó el tratado mientras estaba bajo el control de Estados Unidos.
En 1928, se firmó el tratado Esguerra-Bárcenas, mediante el cual Colombia reconoció la soberanía de Nicaragua sobre la Costa de Mosquitos, y Nicaragua reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.
Con este fallo, que no es apelable, se dan por finalizadas las demandas de Nicaragua contra Colombia ante los tribunales internacionales por la soberanía de una región históricamente disputada.
3. ¿Qué sucede ahora?
Aunque el aspecto judicial y político del conflicto ha sido resuelto, aún quedan pendientes las condiciones sociales en el archipiélago y la Costa de Mosquitos.
El presidente Gustavo Petro expresó su deseo de cerrar la controversia limítrofe y enfocarse en llevar desarrollo sostenible al archipiélago. Sin embargo, las comunidades raizales reclaman que ambos países tienen una deuda histórica hacia ellos, ya que sus intereses económicos, culturales y políticos no han sido respetados.
Las demandas presentadas y los conflictos internacionales han afectado el intercambio comercial y cultural de estos pueblos, rompiendo los lazos que han existido durante siglos. Los raizales denuncian la colonización de sus tierras y la falta de reconocimiento de su vínculo cultural y económico.
Aunque el pleito judicial ha sido resuelto, es necesario abordar la deuda histórica hacia las comunidades raizales y buscar soluciones que promuevan su desarrollo y bienestar en la región.
El fallo marca un hito en la disputa, pero el camino hacia una verdadera reconciliación y equidad aún está por recorrerse.
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